Rosario del Caz, Pablo Gigosos y Manuel Saravia
"La ciudad y los derechos humanos" marzo 2005

      

 

1. El lugar del derecho

Hoy se vive un nuevo reparto del dolor. El mundo cambia y en tal proceso hay vencedores (pocos) y perdedores (muchos). Siempre los ha habido, pero en los últimos tiempos se multiplican los signos de una desigualdad creciente entre unos y otros; una desigualdad que se ha duplicado en los últimos treinta años, que dibuja un panorama inquietante, impredecible.
Así están las cosas: a pesar de los avances registrados en multitud de campos de la actividad humana; a pesar de las mejoras que esos avances han supuesto para la salud y prosperidad de multitud de personas, media un abismo cada vez mayor entre quienes acaparan todos los privilegios y quienes poco o nada tienen. Y ese abismo amenaza con llevarse por delante lo conseguido hasta ahora. Los perdedores, desde luego, no se resignan. Están en su derecho: son millones los emigrantes que cruzan la Tierra entre enormes penalidades persiguiendo una mejor vida; millones las personas, familias o pueblos enteros empobrecidos hasta la miseria que sueñan, casi ya sin esperanza, con un futuro diferente; millones las personas acosadas o perseguidas por no someterse a las identidades culturales o religiosas que se imponen allá donde viven, pero que aún no se han rendido. Por eso sus inquietudes, sus aspiraciones, no deberían dejar indiferentes a los vencedores.
Y no deberían porque sus destinos están relacionados: la prosperidad de los que ahora la disfrutan acabará dependiendo, aunque sea a largo plazo, del bienestar apetecido por los otros, que no dejarán de luchar por alcanzarlo. Incluso el planeta empieza a resentirse, mientras se envenena sin pausa, de la magnitud de este desafío. Nos advierte, para el que quiera verlo, que el deterioro medioambiental, que por ahora parece caer como lluvia negra sólo sobre los más desfavorecidos, acabará afectando a todos por igual.
¿A qué viene todo esto? Aunque estemos de acuerdo en que, efectivamente, es éste un panorama inquietante, ¿es oportuno un arranque así para un libro escrito por arquitectos que, lo decimos ahora, está pensado como una aportación a la práctica urbanística? ¿Tiene ésta alguna relación con las penalidades (ciertas) de los perdedores o la prudencia (deseable) de los vencedores? Creemos que sí. Y más de lo que parece.

Desde luego el panorama descrito afecta de lleno, interesa por de pronto, a la ciudad (la ciudad que preocupa al urbanismo). La ciudad es parte activa, protagonista imprescindible de ese nuevo reparto del dolor. Las ciudades son el destino último de los millones de emigrantes que cruzan la Tierra. En ellas se concentran las multitudes que aspiran a un futuro diferente. Y en ellas buscan refugio los que no se resignan a las imposiciones de los fanáticos. Todos se aferran a la ciudad porque sólo ella ofrece lo que buscan. Por eso las ciudades atraen. Siempre lo han hecho. Una atracción que tiene múltiples motivos. Las ciudades representan el progreso, la modernidad hacia donde se dirige inexorablemente el mundo. Sólo ellas parecen garantizar un clima de libertad. Allí están el poder y las oportunidades. En ellas se hace la política, se concentra el dinero, la información y las comunicaciones, se multiplican los encuentros, obran la industria y el comercio. Y para las ciudades son los más finos productos, los lujos, el arte y la cultura.
De ahí su responsabilidad. Los emigrantes fallecidos en su intento de llegar a ella, los que pierden la vida hacinados en las bodegas de los barcos, en el naufragio de lanchas neumáticas, de pateras, de barcos sobrecargados, escondidos en contenedores; o que acaban muriendo en solitario, abrasados o literalmente muertos de hambre, sed o agotamiento en los desiertos de Arizona y del Sur de California; se dirigían a los centros urbanos de Europa o de Estados Unidos, de Australia o de Japón (aunque el destino de muchos pudiera ser el campo, es éste un destino intermedio: la meta última de los millones de emigrantes que cruzan la tierra es la ciudad). Los segregados o los nuevos pobres (un problema de convivencia de primera magnitud en América latina, que incluso desborda la ciudad) que cifran su esperanza en la mejora de sus condiciones de vida dependen de la ciudad, necesariamente comprometida con la peligrosa inestabilidad social que se extiende por el mundo. Los millones de perseguidos por los excesos del identitarismo sólo pueden buscar refugio, defensa o comprensión entre sus conciudadanos, los únicos que pueden garantizar su integridad. Y la ciudad se está convirtiendo también en la protagonista principal del proceso de declive medioambiental que amenaza la supervivencia humana sobre el planeta. Sus pautas de desarrollo minan el equilibrio ecológico e implican nuevos y variados riesgos para la salud de sus habitantes.
Pero en ella también está la esperanza. Porque por encima de todo la ciudad se vive como el lugar donde es posible garantizarse unos derechos difíciles de mantener en otros ámbitos. Ser persona. Ése es su atractivo fundamental. Para algunos se trata del derecho a la subsistencia. Pero para todos (también para los más pobres, y para los recién llegados) la ciudad promete una vida mejor, que participe de aquel progreso. El que llega reclama el derecho a la ciudad porque la ciudad es el lugar del derecho. Ha estado en su origen. Y en todo momento ha sido espacio privilegiado para su defensa. Inmigrantes, perseguidos, pobres, enfermos. Cuatro formas de esperar una ciudad distinta. Que no llega. Una ciudad en la que pudieran reconocerse. Toda una serie de esperanzas en la ciudad a las que no puede ser ajena la práctica urbanística.

No puede ser ajena, porque desde siempre ha sido una de las actividades del gobierno urbano con mayores implicaciones en la calidad de vida de los ciudadanos. En la defensa de ese derecho que todos persiguen. Su papel será más o menos incisivo, pero es evidente que no se puede mantener una actitud autista. Ante la nueva emergencia del dolor, y la convicción de que la ciudad no es a ella indiferente caben, como siempre, dos actitudes enfrentadas para renovar la práctica urbanística. Una de progreso, otra conservadora. La primera exige pensar ante todo en el presente, en la felicidad y bienestar de los que viven, que no admite espera. La conservadora, sin embargo, no entiende esta urgencia. Retrasa un mejor reparto de la prosperidad hasta un momento (siempre diferido) de mayor riqueza. Rechaza la visión de conjunto, que denuncia los desequilibrios; y desprecia los matices que con frecuencia son el germen de unas relaciones más justas.
La práctica urbanística reciente parece haber optado por la línea reaccionaria. Mientras el planeta es un campo de batalla, los urbanistas parecen (parecemos), entretanto, el bufón del rey. El dinero se concentra cada vez en menos manos y un urbanismo llamado paisajista se regodea en el diseño de exquisitos parajes de delicia (y golf) para los nuevos ricos. Se retrocede a los tiempos bárbaros de los inicios de la revolución industrial y al urbanismo le preocupa la competitividad fanática de la ciudad por atraer las actividades más lustrosas de las nuevas tecnologías, sin importar adónde se desplazan las manufacturas ni cuántos millones de niños se emplearán en ellas. Las nuevas infraestructuras y las grandes obras que el urbanismo prevé y justifica en las "áreas de centralidad" son financiadas por un entramado criminal de bancos y mafias igualmente globalizados. Los estados pierden su independencia económica y su soberanía política mientras políticos y urbanistas desvitalizan el espacio urbano, reduciendo los equipamientos públicos del sistema universal de bienestar a una abyecta función de vigilancia y control de los que no pueden acceder a los centros privados. El nuevo orden barre las fronteras y las distancias imponiendo la ley del mercado único; y en el territorio y las ciudades se proyectan redes superprotegidas de aeropuertos, trenes de alta velocidad, autopistas, centros de ocio y barrios de privilegio infranqueables para los pobres. Miles de ciudades se ven reducidas a una sola función de atractivo turístico, su gestión cultural se confunde con la publicidad y unos estériles planes de conservación lo certifican. La participación pública en los asuntos urbanos se integra en el marketing empresarial de los planes estratégicos. Ningún suelo se destina ya, ni se reserva, a la producción de alimentos para la ciudad cercana, que queda presa del mercado global de abastecimiento. El medio ambiente se envenena, la intervención humana sobre la corteza terrestre supera a la de cualquier agente geológico, la Tierra se convierte cada vez más en una gran mina y tan sólo se aplican medidas correctoras y sectoriales de tecno-optimismo, sin pensar siquiera en reducir la huella ecológica de las ciudades. El urbanismo se vuelca en una orgía de derroche sin la menor medida, que avergüenza a barrios enteros, mientras miles de personas en cada ciudad son tratadas como desechos eliminables del sistema, según el principio de que quien no consuma lo suficiente es una sub-persona.

Hay que decir basta. No se advierte sentido ni interés social alguno en el crecimiento económico que promete la vacua tecnoutopía en que se fundamenta esa práctica conservadora y complaciente. Urge recuperar la línea de progreso. Abrir un horizonte. Y respirar. La ciudad que se está construyendo es una prisión. Se da forma al espacio del ahogo. A la claustrofobia. Vivimos una cultura claustrofóbica, posiblemente la más claustrofóbica que nunca haya existido, donde "no se percibe ni otro lugar ni otra forma. Lo que existe de hecho es la prisión". Una claustrofobia que no está causada por la superpoblación, sino por la ausencia de continuidad entre las acciones. John Berger describe el mundo actual semejante a aquel infierno que hace cinco siglos dejó pintado El Bosco: "No se ve allí horizonte alguno. Ninguna continuidad entre las acciones, ninguna pausa, ningún camino, ningún plan, ni pasado ni futuro. Nada se ensambla: todo se interrumpe. Se trata de una suerte de delirio espacial" en que todo carece de sentido. El planeta entero es un enorme campo de batalla, en el que la inteligencia humana ha sido reducida a la avidez y renuncia a toda continuidad entre las cosas. Una guerra sin cuartel, donde ya nadie dice: "dale a mi novia esto si la ves un día".
Frente a este paisaje sería repugnante el conformismo. Decía Camus en Combat: "sin justicia no hay orden"; y el orden de los pueblos "radica en su felicidad". Pero también afirmaba su determinación de preferir "eternamente el desorden a la injusticia". Con él estamos. No cabe, pues, sino resistir y denunciar. ¿Qué horizonte nos permite recuperar la esperanza? Si la ciudad es el lugar del derecho, el horizonte no puede ser otro que el de la insistencia en los derechos humanos. También ha de ser así para la práctica urbanística. Pues son esos derechos los que nos separan de las tinieblas.

2. Entre nosotros y las tinieblas

Los derechos humanos se oponen al mundo de desigualdades y diferencias que conocemos. Se aspira a ellos de forma mayoritaria. Aunque su interpretación varíe de unas culturas a otras, une más intereses de los que separa (Lukes). Por eso se dice, con acierto, que en todos los campos, los derechos humanos constituyen el gran tema de nuestro tiempo. Es un asunto que caracteriza nuestra época, que se ha considerado como el logro del siglo XX. Un núcleo de derechos que tiene que ver con lo más radicalmente profundo del hombre y de la mujer, con su dignidad. Un historiador (Hobsbawm, europeo) los ha caracterizado como principios sólidos que parecen "de las pocas cosas que se interponen entre nosotros y las tinieblas". Un economista (Amartya Sen, asiático) los reivindica con la democracia, pues "ningún país democrático permite el hambre". Dos análisis optimistas, de distintas culturas, que confían en completar la tarea en el siglo que empieza.
Antes poníamos el acento en la interpretación de la ciudad como sede del derecho. También en ella hay que situar su origen. Esa es la opinión compartida por multitud de historiadores. Al menos a propósito de la ciudad occidental, que ha sido vista a este respecto como una especie de lujo del mundo. Así lo señala Braudel (francés, europeo), al destacar su originalidad, las circunstancias de su desarrollo bajo el signo de una libertad sin igual. Una libertad que permitió unas ciudades fuertes, autónomas y cambiantes, frente a unos estados en principio lentos y torpones, que no crecieron hasta que aquéllas les prestaron su apoyo interesado. En el pasado feudal, acceder físicamente a la ciudad significaba para el siervo la emancipación del señor, sustituir las relaciones de servidumbre por las del derecho. La ciudad europea, con su potencia económica, militar y jurídica, era entonces, y lo sigue siendo, garantía contra la arbitrariedad del poder. Y fue en ella donde se fraguó la necesidad de institucionalizar estas relaciones, que luego culminarían en las declaraciones americana y francesa de finales del siglo XVIII.
Tampoco, hay que añadir, han sido ajenas las ciudades de otras culturas, aunque con otras premisas y otros resultados. Porque aunque se ha dicho que en el Islam sólo cuando los imperios caían se veían ciudades análogas a las de la Europa medieval. Y que, lo advertía Max Weber (alemán, europeo), en la India o en China las estructuras sociales rechazaban de antemano la ciudad (la ciudad occidental): el sistema de castas atomizaba toda comunidad urbana, en el primer caso; y el culto de los gentes impedía en el segundo una mezcolanza suficiente. Sin embargo, también estas ciudades atraían múltiples oportunidades, y no dejaban de representar el progreso. Inevitablemente proporcionaban mayores campos de libertad. Pues una ciudad siempre es y ha sido una ciudad, esté donde esté.

Pero, para evitar equívocos, conviene aclarar desde el principio que, aun a riesgo de ser acusados de eurocentrismo, nos referimos a los derechos que siguen la tradición de la Ilustración, aquélla que dio origen a las declaraciones americana y francesa ya citadas. Y en concreto hablamos de lo que consideramos su acepción más universal: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Un texto elaborado por un equipo de 18 personas de diferentes culturas, filosofía y formación, que constituyeron la Comisión de Derechos Humanos de la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas. Las discusiones en su seno no fueron fáciles; pues se ventilaban temas como el origen de la familia, la igualdad de derechos para los esposos o la exclusión de cualquier restricción referente a la raza, la nacionalidad o la religión; asuntos sobre los que las posiciones de partida de los distintos miembros estaban muy alejadas. Determinadas proposiciones provocaron las reticencias de algunos países (lo que explica las abstenciones que hubo en la votación final). Pero finalmente se impuso como un intento que no pretendía reflejar el mundo tal como era, sino tal como debía ser.
En su momento se presentó este manifiesto como un templo con cimientos, cuatro columnas y un frontón, que figuran, convenientemente distribuidos, el preámbulo y los 30 artículos (la imagen es del francés René Cassin, verdadero alma de todo el proceso de consenso, junto con la norteamericana Eleanor Roosvelt y el libanés Charles Malik). Una imagen que quiere expresar que todos los derechos que se enuncian en la Declaración constituyen un conjunto indisociable. En la base, los principios generales de libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. La primera columna representa los derechos y libertades de orden personal; la segunda, los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de los que forma parte; la tercera, las facultades espirituales, las libertades públicas y los derechos políticos fundamentales; y la cuarta, los derechos económicos, sociales y culturales. El frontón que corona el templo se refiere a los vínculos del individuo con la sociedad.
No deja de ser curiosa esta imagen. Pero conviene que no lleve a engaño. El templo es sólido, pero aún no está totalmente construido: un templo en obras. Pues el acuerdo por el que se formalizó la Declaración universal, lo acabamos de decir, no fue unánime, y nunca ha contado con el completo apoyo de todos los países. De hecho, con el tiempo, esta situación sigue sin resolverse: se han mantenido, incluso acentuado, los problemas políticos suscitados en el momento de aprobar la Declaración. Su valor actual ha sido cuestionado, para empezar, por algunos estados que no tuvieron la posibilidad de participar en su redacción y aprobación por la ONU (muchos de ellos eran aún colonias), repitiendo una vez más la acusación al texto de ser "eurocéntrico". Pero además la abstención en 1948 de Arabia Saudí se ha visto reforzada en estos años con la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam, suscrita el 5 de agosto de 1990 por los 53 estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que incluye algunas disposiciones que no parecen compatibles con la Declaración de 1948.
Estas circunstancias han complicado un proceso que desde un principio se entendió como algo que iba a ser largo y ambicioso. Por eso cuando se sometió a aprobación se exhortó a continuar en la preparación de un proyecto de convención y un proyecto de medidas de aplicación. No podía ser de otra manera. El conjunto de estos derechos no es algo que pueda acabarse de una vez para siempre. Está vivo. Y desde su aprobación no han cesado de concretarse, matizarse y extenderse sus contenidos. Con el transcurso del tiempo la comunidad internacional ha ido legitimando progresivamente su alcance moral, político y jurídico. Algo que se vio respaldado con la aprobación en 1966 de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Su entrada en vigor, diez años más tarde (en 1976) impuso obligaciones jurídicas precisas para los estados partes. Además, muchos de los principios de la Declaración han sido desarrollados en numerosos instrumentos internacionales (casi un centenar de tratados). En paralelo se ha constituido un denso entramado de organizaciones internacionales intergubernamentales, con la novedad, en relación con etapas históricas anteriores, de que en el derecho internacional de los derechos humanos no sólo son actores y sujetos del ordenamiento los estados, sino también las propias organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales. Algunas de éstas gozan de estatuto consultivo; y otras han sido reconocidas de facto como interlocutoras privilegiadas. Sus denuncias e informes sobre violaciones de los derechos humanos han sido y son un instrumento fundamental para su consolidación y defensa.
Como parte de este progreso se ha producido la incorporación de nuevos derechos. El reconocimiento internacional de los derechos y libertades de todos los seres humanos "sin que quepa formular ningún tipo de discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, etc., o cualquier otra condición de la persona o del territorio de cuya jurisdicción dependa" (que se establece en su artículo 2º) ha permitido y avalado la extensión de los derechos protegidos. Pues esa expresión, "cualquier otra condición", es tan amplia que permite abarcar las nuevas formas de discriminación que puedan aparecer en la sociedad actual. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la prohibición de medidas discriminatorias contra las personas infectadas por el virus del sida; y lo mismo con las discriminaciones basadas en discapacidades o en la orientación sexual de las personas. Y así continuará ocurriendo con la emergencia de nuevos temas que puedan dar lugar a nuevas discriminaciones. Por eso se discute en la actualidad la conveniencia de incorporar posibles nuevos derechos (incluso nuevas generaciones de derechos). Hoy no es 1948. Se habla por algunos, del derecho a un medio ambiente limpio. Del derecho al aborto. Hay voces que reclaman una lista de deberes complementaria. Y se plantea el derecho a un ingreso básico de subsistencia. O el derecho a no ser clónico (pues "el clon -según Habermas- se asemeja al esclavo en la medida en que puede delegar en otras personas una parte de la responsabilidad que él mismo debería asumir; puede atribuir lo que normalmente `sucede´ al resultado de la acción de otras personas"). Se proponen nuevos derechos migratorios. Y se recuerda, en fin, que no hay sino un solo derecho fundamental que los comprende a todos: el derecho a la dignidad.
Pero tal ampliación (y éste ha sido uno de los handicaps constantes de la Declaración, junto con el de la falta de consenso) ha ido a la par de una práctica con frecuencia harto defectuosa. Nunca han dejado de estar presentes determinados problemas prácticos, de aplicación. Se han establecido mecanismos extraordinarios de protección, instaurando procedimientos para la investigación de violaciones masivas de derechos en áreas geográficas determinadas. Y se ha habilitado a los grupos de trabajo sobre determinados temas (desapariciones, tortura, venta de niños, formas contemporáneas de racismo, violencia sobre la mujer, etc.) para recibir quejas individuales y tramitarlas, en su caso, ante el gobierno correspondiente. Pero se mantiene una contradicción: pues aunque la práctica unanimidad de los 185 estados miembros de las Naciones Unidas acepta formalmente el texto de la Declaración como aplicable a sus relaciones internacionales; sin embargo, más allá de la retórica, el hecho es que en el ámbito interno de muchos de estos países se continúan violando algunos de los derechos consagrados en la Declaración. Es cierto que algunos de ellos forman hoy parte de los principios generales del Derecho y de las normas consuetudinarias internacionales, y son obligatorios para los 185 estados, más allá de los tratados que hayan podido suscribir (así el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, las libertades de pensamiento, conciencia y religión, o el principio de no discriminación, que gozan todos ellos de una aceptación generalizada), y que otros se han desarrollado en tratados internacionales. En cambio hay un grupo de derechos, como el derecho a la nacionalidad, a la libertad de circulación, el derecho a buscar asilo, y casi todos los derechos de contenido económico, social y cultural, que no se han concretado todavía en tratados que precisen su contenido (o lo que es lo mismo: los estados no han mostrado la voluntad política necesaria). Con lo que el desequilibrio que el actual Derecho Internacional de Derechos Humanos presenta en el tratamiento de los diferentes derechos es patente. Se ha primado el desarrollo de los derechos civiles y políticos, mientras que la definición y aplicación internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, ha quedado mucho más atrás. La Declaración de Viena de 1993 reiteró la necesidad de modificar esta situación, e instó a la comunidad internacional a "tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".

Por eso decimos que el camino sigue siendo largo. Y entendemos que la ciudad (y con ella el urbanismo, como parte importante de las políticas urbanas) juega sin duda un papel de primer orden. Es el instrumento fundamental para materializar estos derechos. Quizá no tanto por lo que se refiere a los derechos civiles (que también), pero sí a los económicos y sociales. Su actuación puede incluso marcar las diferencias: favorecer un retroceso, o impulsar el progreso. Y es que la ciudad, aunque cuna del derecho, siempre ha mantenido esa actitud ambigua frente a su propio desarrollo. No se cansa de prometer el derecho para todos, pero pocas veces cumple. Como ocurre con el urbanismo, acostumbrado también a prometer en falso.

De esto va el presente libro. Tiene su origen en la misma sorpresa que señalan el sociólogo Schoonbrodt y el filósofo Ansay en la presentación de su interesante antología de textos Penser la ville: la llamativa ausencia de un número suficiente de estudios sobre la génesis urbana de los derechos humanos. Unos estudios que también habrían de dar cuenta de los requisitos espaciales de este asunto. Y que prácticamente no existen. O están tan escondidos entre la fronda de otros textos que carecen de toda virtualidad y función. Aunque la ciudad está en la génesis y cuidado del derecho, esta circunstancia, por alguna razón, no ha parecido interesar bastante. Y sin embargo la ciudad es el ámbito más adecuado para una plasmación real del mismo. En ella encuentran los derechos humanos su espacio, su dimensión y su historia; su realidad efectiva.
El texto que sigue se estructura en dos partes. Una primera para recordar los asuntos donde se muestra más claramente esa relación entre práctica urbanística y derechos humanos. Una segunda para responder a esta pregunta: ¿qué práctica urbanística es hoy la que puede hacer honor a los derechos humanos fundamentales?

www.ciudad-derechos.org/



 

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