Deshaciendo la Historia
Pedro Carasa (catedrático de la Universidad de Valladolid).

      

 

Publicado en El Mundo nacional, el día 6 de enero de 2005

Todos hemos perdido los papeles en Salamanca. Se ha producido un atentado contra Mnemosine, la diosa de la Memoria y, su hija Clío, la musa de la Historia. Hasta aquí ha quedado claro un pasado de desaciertos, un presente de refriega política y un futuro de litigios. Pero han estado ausentes del debate una rigurosa y profunda concepción de lo que significa la memoria histórica y una visión profesional de lo que representa un documento y un archivo. Repasemos los desaciertos y las ausencias.
Que las cosas han adquirido un dinámica política y nacionalista se deduce del hecho de que los mismos partidos políticos, según radiquen en Cataluña o en Castilla, mantienen posiciones contrarias: el PSOE de Salamanca defendía lo contrario del PSC de Barcelona, el PP catalán defiende lo contrario que el PP castellano, historiadores castellanos no han coincidido con historiadores catalanes, la misma diferencia que se ha producido entre archiveros. Y no se podían poner de acuerdo porque no se ha abordado la cuestión con una seria actitud profesional, ni se ha mostrado en el debate ningún sentido de Estado; políticamente ha quedado en su dimensión más superficial: localista, regionalista y nacionalista, y técnicamente los juristas no han mostrado sentido histórico
La solución adoptada no es compatible con un serio concepto de historia, abre un gravísimo precedente que puede disolver la red de archivos estatales, y es un grave obstáculo para la recuperación de nuestra memoria más reciente. Las razones y la decisión de la Comisión de Expertos no entran en ninguna de las tres grandes cuestiones que se debaten en el fondo: cómo debe tratarse un patrimonio histórico, qué caracteriza a un archivo contemporáneo y cómo debemos preservar nuestra memoria reciente. Todo se dirime desde una perspectiva jurídica y política y dejan la puerta abierta a futuras reclamaciones que podrían descuartizar los Archivos de Simancas, de Indias, de la Corona de Aragón, el General de la Administración de Alcalá y el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Riesgo que no evitan con el gratuito, ingenuo e injusto cortafuegos que limita las reivindicaciones a las comunidades anteriores a 1936.
La perspectiva política no ha sabido sacar el tema del estrecho campanario de la oposición entre Cataluña y Castilla, entre el PSOE y el PP, y ha cometido uno de los más graves errores científico-culturales de la Transición. La versión del editorial de El País del 26 de diciembre es bien expresiva a este respecto, no hay ni una sola idea técnica-profesional sobre el asunto, sólo se alaba la sensata decisión de la Comisión y se denostan las viscerales reacciones castellanas. Se evidencia además una falta de profesionalidad, confundiendo el Archivo de Salamanca con el Museo de la Guerra Civil y equivocando la Comisión de la Dignidad con la Comisión de Expertos. No son menos estrechas las razones de región herida que aducen las autoridades autonómicas para resistirse, como no es presentable la castellanización de algo que no tiene nada de castellano propiamente dicho, ni es de recibo la estrategia regionalista de blindar administrativamente el centro proclamándolo BIC. Ni siquiera políticamente se comprende la ambigüedad de la abstención de los representantes castellanos, alguno de ellos descubre su mentira anterior diciendo que defender la unidad era una pura cuestión de orgullo. También es digno de otra causa el localismo demagógico de las autoridades salmantinas. Hay un falso argumento detrás de las pancartas de la movilización popular en defensa de la "unidad del Archivo", esa idea obsesiva de la "unidad" no tiene funda-mento técnico ni resulta una defensa eficaz para un archivo tan heterogéneo y disperso.
La Comisión no entra en la cuestión de fondo de las exigencias de la investigación histórica, de los básicos conceptos archivísticos, ni de preservar con rigor la memoria del pasado reciente, y adopta una solución desequilibradamente jurídico-política que satisface la demanda catalana y alivia la herida castellana. La concesión pseudo-salomónica de potenciar un centro -Museo, lo llama El País- dedicado a la Guerra Civil es otro error como el que cometió el PP en su día convirtiendo la salmantina Sección Guerra Civil del AHN en "Archivo General de la Guerra Civil Española". Algo inviable porque los archivos temáticos son artificiales (es anticientífico concentrar en un archivo toda la documentación sobre la guerra existente en el país), porque este centro no contiene ni el 5% de toda la documentación sobre la Guerra existente en el país y menos del 1% si hablamos de objetos museísticos.
No se comprenden varios silencios, como el de las autoridades archivísticas, obligadas a defender el sentido de Estado en la política documental del país, a explicar la naturaleza de un archivo histórico como éste, y a evitar un futuro incierto de la red de Archivos Estatales. Ni tampoco se explica la ausencia de una intervención seria de la Real Academia de la Historia. Incluso se echa de menos a la Asociación de Historia Contemporánea, aclarando cómo debe respetarse la naturaleza de un archivo de esta etapa y qué exigen los métodos científicos de preservar la memoria más reciente.
Entrando ya en los conceptos historiográficos y archivísticos, los puntos débiles de la decisión saltan a los ojos de cualquier profesional. Dice la Comisión que son justas y legítimas las razones esgrimidas por la Generalitat para la devolución de las 507 cajas de legajos que se hallan desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron trasladas allí como botín de guerra por el Gobierno de Franco. Debajo de esta afirmación se esconde una vulgar concepción de archivo histórico y un concepto jurídico de botín de guerra que no tiene aplicación a la documentación histórica. La Comisión, a juzgar por sus palabras, tiene una visión de archivo equiparable a la de un museo y una percepción del documento histórico como si fuera un objeto precioso, pero confunden dos realidades cualitativamente diferentes que requieren tratamientos diversos. Al acto de sustraer una obra de arte de un museo se le puede aplicar el concepto de pillaje o botín, de manera que un cuadro expoliado en tiempos de guerra, o de explotación colonial, sí que exigiría ser devuelto a su primer propietario. A pesar de que si aplicáramos este principio con rigor deberían devolverse más de la mitad de los fondos del Bristish Museum, la National Galery, el Ermitage, el Louvre o el Museo de Arte Románico de Cataluña.
Sin embargo un archivo o un documento histórico no se mueve en el plano jurídico de los objetos muebles sustraídos, sino en el plano histórico basado en la relación de fidelidad entre el hecho y el documento. Un archivo no trata de explicar nada, no tiene por qué mostrar ninguna unidad temática en sí mismo, no puede cambiar el orden o la ubicación de los papeles en función de una mayor claridad o de un interés nacionalista o regionalista actual, ni se debe organizar buscando una mayor accesibilidad, sólo debe respetar escrupulosamente la naturaleza y circunstancias del hecho al que se refiere, reproducir incluso el desorden y la anarquía si el hecho fue anárquico y violento. Por esto no son justas y legítimas jurídicamente las devoluciones, porque no se trata de bienes muebles preciosos, sino de testimonios históricos de todo un programa represor: el vencedor de una guerra organiza una búsqueda explícita de documentación en archivos de territorios ocupados y crea un sistema violento de recogida de información con la finalidad expresa de organizar una represión selectiva. El archivo de Salamanca es, pues, un hecho histórico en sí mismo, digno de toda reprobación moral y política, pero más digno aún de ser respetado en las huellas documentales que ha dejado para poder reconstruir su memoria. Ojalá la represión franquista hubiera sido sólo un acto de pillaje, pero por desgracia fue mucho más grave, y hoy tenemos la necesidad imperiosa de conservar su memoria íntegra, tal como se produjo y en el archivo que entonces se instituyó a tal efecto. Desguazar esta documentación es un atentado imperdonable contra el hecho histórico en sí mismo, porque perderemos así las circunstancias de información y programación que lo rodearon, de manera que no podremos conocerlo en su integridad, para condenarlo ética y políticamente sin paliativos y no repetirlo. Cuando desaparezcan los papeles de Salamanca, ese archivo no tendrá la misma capacidad de reflejar fielmente el terrible hecho histórico de la represión franquista que tiene ahora. La herida producida a Cataluña por esta represión se recordaría con mayor rigor histórico conservando fielmente (es decir, en originales) la documentación buscada y recogida en su momento.
Otro argumento archivístico desenfocado afirma que una nación debería priorizar ante todo la capacidad de acceso de los estudiosos antes que el lugar de depósito. Pero ni la capacidad de acceso, ni el lugar de depósito son una prioridad para un archivo histórico, aunque sean elementos a tener en cuenta. Un archivo no tiene la finalidad pragmática de concentrar documentación temáticamente para que los investigadores accedan con facilidad a ella, ni puede ser un instrumento que una autonomía utilice para nacionalizar su historia, ni es un patrimonio exclusivo de la comunidad territorial donde se ubica, ni tiene en sí mismo obligación de presentar una cohesión y una unidad vistas desde nuestra perspectiva actual. La esencia de un archivo histórico -insisto- consiste en reflejar con la mayor fidelidad posible la relación existente entre el documento y el hecho cuya memoria pretende perpetuar.
No sólo está ausente del dictamen un riguroso concepto de archivo y de memoria, igualmente se echa en falta una clara visión de lo que representa la historia. La decisión de alguna manera pretende deshacer la represión franquista, pero desgraciadamente no podemos echar atrás la moviola del pasado y desandar los hechos históricos. Sería un error dramático volar el Valle de los Caídos por el mero hecho de estar construido con la sangre y el sudor de los represaliados, ha de quedar ahí como vestigio perenne y fiel del horror de la represión. Como sería infantil destruir los restos de los campos de concentración, o repartir, devolviéndola por toda Europa, la documentación utilizada por el nazismo para hallar, perseguir y depurar judíos. La historia está construida de victorias, guerras y represiones, de conquistas y cambios del poder, y los archivos históricos existen precisamente para reflejar ese ejercicio, aunque sea violento, del poder de los Estados, las instituciones y los hombres. Los historiadores sabemos que el poder se amasa a base de conflictos y revoluciones, casi todo poder histórico ha sido un botín de guerra, el que los germanos arrebataron a los romanos, el que luego los musulmanes conquistaron a los godos, el que los cristianos reconquistaron más tarde a los musulmanes, como el que los liberales arrebataron a los absolutistas, el que el franquismo usurpó a los liberales, e incluso el que nosotros hemos arrancado a la dictadura. Si quisiéramos deshacer todos estos botines históricos de guerra tendríamos que desmontar el puzzle de todos los archivos y volver a la situación originaria de los primeros pobladores de la Península. ¿Acaso tenemos que devolver a Roma todos los restos romanos, hay que restituir a los árabes todo el legado musulmán, quizás cada reino medieval debe recuperar sus documentos hoy conservados en los archivos estatales, o el Archivo de la Corona de Aragón debe repartir sus fondos entre las comunidades catalana, aragonesa, valenciana y balear, o el Archivo de Indias necesita reintegrar toda la documentación que en su día fue de las naciones hoy americanas, o la Hacienda española está obligada a devolver la plata de las colonias, o los botines de la guerra de Flandes serán enviados a Bélgica, o Simancas ha de repartir por Europa la documentación perteneciente a Alemania, Francia, Italia o Austria, o los Borbones han de devolver a los Austrias sus pertenencias, o los monasterios han de recuperar toda la documentación nacionalizada y no indemnizada en la desamortización? Casi todos estos cambios de poder fueron fruto de una conquista violenta donde hubo expolios, botines e incautaciones de documentos, riquezas y personas. Pero necesitamos conservar la Memoria y reconstruir la Historia, Mnemosine y Clío exigen un respeto sagrado a los archivos como fuentes de información con que reconocer íntegramente nuestro pasado.


 



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