Ahora que se ha ratificado el Protocolo de Kioto e incluso Rusia lo ha firmado con retraso, está surgiendo una amenaza contra un hito anterior en materia de protección medioambiental internacional: el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal para defender la capa de ozono estratosférico. La amenaza tiene un origen insólito: la delincuencia organizada.
La razón es sencilla. Con vistas a proteger la capa de ozono estratosférico, se han logrado acuerdos internacionales para prohibir el uso y el comercio de las substancias químicas que destruyen el ozono, llamadas clorofluorocarburos (CFC). Para substituirlas por otras más benignas, hay que renovar el equipo en que se las utiliza, como los congeladores, los refrigeradores y las unidades de producción de espuma de plástico.
Pero es mucho más barato, si bien está prohibido, usar el antiguo equipo y rellenarlo con CFC, cuando sea necesario, que comprar máquinas nuevas y usar los substitutos medioambientalmente más benignos, pero más costosos. Como ocurre con cualquier prohibición, así se creó un mercado... y con él una oportunidad de negocio para delincuentes bien organizados y medioambientalmente irresponsables.
La delincuencia organizada está buscando constantemente semejantes oportunidades y sigue encontrándolas, por lo que no es de extrañar que se haya desarrollado el contrabando de CFC o freones sin que se le haya prestado demasiada atención y que pueda poner en peligro la aplicación del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal.
Se han aclamado esos acuerdos como grandes éxitos y se publican informes anuales en los que se resumen las estadísticas oficiales, según las cuales el uso de CFC sigue disminuyendo. El contenido en cloro (resultante de la descomposición de los CFC) en la estratosfera se ha estabilizado y hace dos años el agujero de ozono sobre la región antártica fue el menor en decenios (y dividido en dos). Sin embargo, nuevos informes muestran un adelgazamiento de la capa de ozono sobre la región ártica y el año pasado el agujero de la capa de ozono de la antártica fue tan grande y profundo como siempre.
Aún no hay forma de saber si se trata de meras fluctuaciones en un lento proceso de recuperación o de la interrupción de una tendencia positiva. ¿Será el volumen de comercio ilícito de CFC tan grande como para constituir ahora un factor de importancia real? Como ocurre con las drogas ilícitas, es difícil calcular la amplitud de las operaciones de contrabando. En los últimos años, las agencias aduaneras nacionales han hecho varias capturas importantes, la mayor en el Japón. En la mayoría de los casos, los CFC prohibidos llevaban etiquetas de HFC (carburos hidrofluorados), pero también se han usado etiquetas como “pintura en aerosol” y “lubricantes”.
En ese comercio del mercado negro se han utilizado barcos y aviones para el transporte. Las remesas decomisadas por las autoridades aduaneras proceden en la mayoría de los casos de zonas industriales de libre comercio, también llamadas zonas de elaboración para la exportación, de China, Vietnam, Tailandia y Egipto.
En la mayor parte del mundo, las agencias aduaneras no prestan una atención especial a los CFC y sin un complejo equipo analítico no es fácil distinguir esos compuestos de los HFC, por lo que no es descabellado suponer que la proporción del volumen total objeto de contrabando que se descubre es menor que en el caso de los narcóticos.
Con frecuencia se usan complicadas líneas de transporte con países de tránsito. Una de ellas, que se supone importante, va desde Europa (España), vía Singapur o Dubai, hasta el Nepal o Bangladesh pasando por la India y de regreso al mercado de este último país.
Algunas de las disposiciones de los convenios para la protección de la capa de ozono constituyen vacíos legales. Una de ellas es la de que los países en desarrollo y los industrializados avanzan a velocidades diferentes en la supresión progresiva de los CFC, por lo que lo que está prohibido en un país está permitido en otros.
Otro problema es el de que no hay restricciones de la venta del equipo antiguo, que sólo funciona con las substancias prohibidas. Por ejemplo, los refrigeradores que funcionan con CFC pueden ser exportados libremente desde, por ejemplo, Suecia, donde no se puede rellenarlos legalmente, cuando es necesario, a Egipto, donde sí que está permitido hacerlo. Se cree que el rápido aumento de la producción de espuma de plástico en las zonas de elaboración para la exportación se basa en su adquisición de unidades de producción dependientes de los CFC y procedentes de países de la OCDE.
Así, pues, ¿constituyen esas prácticas una amenaza real para los convenios encaminados a la protección del ozono estratosférico o son “sólo” un factor que retrasará la supresión definitiva de los CFC al cabo de unos años o un decenio? En este último caso, ya es bastante grave, pero la respuesta no es evidente y toda la cuestión de la delincuencia organizada y el comercio ilegal con CFC requiere atención. Los funcionarios de aduanas de todo el mundo y los encargados de luchar contra la delincuencia organizada tienen que afrontar una nueva batalla –esta vez en pro del medio ambiente- con las manos ya muy ocupadas.