En defensa de la sociedad democrática

Hay momentos en que callar es tomar partido. Este es uno de ellos.

La democracia, la libertad, los derechos sociales y la posibilidad de discrepar sin miedo no surgieron por sí solos ni están garantizados: son una conquista histórica, valiosa y nunca definitiva, que generaciones enteras pagaron con la libertad y hasta con la vida. Hoy están en peligro, y no queremos encarnar la generación que dejó volver la intolerancia y el autoritarismo.

Esa conquista nace de la razón ilustrada y de la lección de 1945, cuando Europa aprendió que la democracia sin justicia social es frágil, y la justicia social sin libertad, opresión. De ahí surgió, como pacto entre socialdemócratas, democristianos y liberales, el Estado social y democrático de Derecho, que dio a la Europa occidental ocho decenios de paz y progreso. España llegó tarde a ese proceso civilizatorio, pero llegó: la Constitución de 1978 lo hizo suyo. Su espíritu cabía en dos palabras, nunca más, que hoy comprometen nuevamente nuestra responsabilidad.

Aquel pacto está siendo socavado, aquí y en buena parte del mundo democrático, por tendencias reaccionarias, neoliberales o abiertamente autoritarias que imponen la hegemonía del más fuerte al derecho. En España, una extrema derecha instalada en la mala fe y en un populismo simplificador, agresivo e intolerante arremete contra la democracia y blanquea la dictadura. Hace de la mentira un método y del odio un programa, trata al adversario como enemigo y señala culpables entre los más vulnerables. Y una parte de la derecha, heredera del consenso constituyente, en lugar de servir de dique, le abre la puerta: pacta y gobierna con ella y hace suyos su lenguaje y su agenda.

Lo que está en juego no son solo leyes, sino las reglas no escritas de las que vive toda democracia: aceptar la derrota, respetar al adversario, actuar de buena fe no mintiendo a sabiendas, no usar las instituciones como armas. Está en juego también la lealtad social que nos obliga con los demás. Son esos códigos democráticos y sociales los que hoy se están demoliendo, y sin ellos las leyes son fachadas vacías. En su lugar se instala el odio, hasta ahora ajeno a la mayoría social, pero que puede imponerse por el debilitamiento de la ética democrática y el progreso de la indolencia cívica. No queremos acallar a nadie; pedimos que nadie calle ante lo que está ocurriendo.

Al mismo tiempo, un neoliberalismo, contrario incluso a la tradición liberal, presenta lo público como despilfarro y la solidaridad como ingenua deriva, y nos invita a creer que cada cual se salva solo. No es verdad: nadie se salva solo, y menos cuando la desigualdad, la precariedad, los salarios bajos y una vivienda inalcanzable castigan a todos, pero ante todo a la juventud. Frente a ello, la escuela pública, el hospital, el juzgado, la biblioteca, la pensión de las personas mayores expresan en hechos la dignidad de una colectividad, que no debemos defender desde el miedo, sino desde la esperanza.

Volver a hacerlo no exige partir de cero. Lo esencial ya está escrito: pedimos que se cumpla la Constitución que nos dimos y que se respeten sus valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Quienes firmamos lo pedimos, más allá de nuestras procedencias, desde la izquierda política o simplemente cultural, y llamamos a reconstruir sobre esa Constitución una ética civil no partidista.

Defendemos, antes que nada, la democracia y la libertad: instituciones, prensa y universidades independientes, y el derecho a pensar y expresarse sin temor. Defendemos la verdad y la cultura frente al bulo; lo público, sostenido por una fiscalidad justa conforme al mandato constitucional; la dignidad de toda persona, sin distinción de origen, etnia, sexo, creencias, orientación sexual o identidad de género; y una igualdad real entre mujeres y hombres que no admita retrocesos. Queremos una memoria democrática que haga justicia a las víctimas, una Europa de derechos y no una fortaleza, y una respuesta climática que no deje a nadie atrás. Y reivindicamos, como fundamento de todo, la paz civil: la certeza de que el adversario no es un enemigo y de que existe un espacio de armonía y sosiego incluso desde la controversia.

De ahí que tendamos también la mano a los conservadores que, fieles a la Constitución, rechazan el lenguaje del desprecio, porque España es de todos. A ese lenguaje oponemos la vía de la concordia ilustrada.

Este manifiesto no tiene dueño ni siglas, ni termina con ninguna cita electoral. Invitamos a quienes compartan estos principios a firmarlo, a difundirlo y a seguir actuando después, sin propagar bulos ni odio, vengan de donde vengan. Firmar es un gesto pequeño, pero decisivo: el primero de quien se niega a mirar hacia otro lado.

Lo que nos dejaron quienes hicieron posible la democracia no fue una herencia, sino un encargo: cuidarla y ensancharla. Hay momentos en que cumplirlo es inaplazable. Este es uno de ellos.